dejar una casa en buenas manos para gestión

Los siete requisitos de los administradores de fincas

Pudiendo contar ya los días para el 20 de diciembre, fecha en el que se celebrarán las elecciones generales, son muchos los sectores sociales que se están movilizando en pos de procurarse una mejora de su situación laboral. El sector inmobiliario no se queda atrás, a lo largo de los últimos meses los distintos agentes del sector han intensificado sus demandas en lo concerniente a las leyes que les afectan, la agilización de los proyectos urbanísticos paralizados y el impulso de algunos nichos con porvenir, como la rehabilitación o el alquiler.

Los administradores de fincas se han centrado en este último punto. Reclaman consensuar alguna fórmula de financiación que anime a los propietarios a rehabilitar sus edificios de viviendas. Además, esperan conseguir una regulación profesional de su actividad, la cual se estima supone un 4% del PIB de nuestro país. Bajo estas premisas, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha elaborado y presentado una serie de propuestas a los diferentes partidos políticos con el fin de asentar las bases de los próximos cuatro años:

  • Creación de un fondo acumulativo destinado a financiar la rehabilitación de inmuebles. Según dice el propio Consejo, esta medida puede llegar a tener coste cero para las Administraciones Públicas, sin generar déficit público.
  • Deducciones fiscales. Su razón de ser: son inmediatas y no tienen asociado ningun coste de gestion. El IVA, tasas e impuestos municipales deberían ser rebajados para las obras de conservación y rehabilitación.
  • Oficina única para la tramitación de las ayudas. De esta manera, se consigue que profesionales y ciudadanos puedan tener acceso a toda la información en un único espacio. Además, proponen que las principales obligaciones sean similares en todo el país y se mantengan de manera continuada en el tiempo, ya que “el elevado número de normas que afectan a los edificios y las diferencias territoriales perjudica su difusión y complican su aplicación”.
  • Reformulación del régimen de arrendamiento. Según explican los administradores de fincas, “es fundamental eliminar la necesidad de registrar los contratos de arrendamiento, porque, contrariamente a lo que se ha pretendido, el registro perjudica la seguridad y el dinamismo del arrendamiento, y menoscaba los intereses del arrendatario por los costes derivados de este registro. También perjudica al arrendador por los inconvenientes que genera, en la práctica, su registro y posterior cancelación a la finalización del contrato”. Para fomentar el alquiler proponen incentivar fiscalmente el arrendamiento.
  • Buscar nuevas formas de acceso a la vivienda, como la compra temporal o parcial o el derecho de uso, entre otros.
  • Regular el uso de la tecnología en las comunidades de propietarios. Con esta medida se conseguiría favorecer la participación de los inquilinos en la toma de acuerdos y mejorar la administración de los inmuebles. Por ello proponen modificar la Ley de Propiedad Horizontal: “Se necesita una nueva Ley de Propiedad Horizontal para los edificios del siglo XXI, ya que los costes y las obligaciones de los propietarios son mucho mayores y se debe disponer de una norma sencilla y rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y una gestión ágil y transparente”.
  • Regulación adecuada de la actividad de los administradores de fincas profesionales y el establecimiento de la obligación de disponer de los seguros necesarios que aporten garantías suficientes a los consumidores. Según Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “las crecientes obligaciones técnicas, jurídicas, laborales y fiscales que afectan al mundo inmobiliario requieren de una gestión profesional, eficaz, segura y responsable”.

El pasado mes de noviembre, los responsables de vivienda de los principales partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) se reunieron en una jornada organizada por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) en la que debatieron sobre algunas de estas propuestas. Los tres partidos coincidieron en que el stock de la vivienda es desmesurado y en que, al menos a corto plazo, se presenta necesario facilitar el acceso a un techo, especialmente a los más jóvenes, a través de la rehabilitación del parque inmobiliario existente.

Convinieron imprescindible la necesidad de seguir impulsando el alquiler, aunque también se plantearon nuevas posibilidades de acceso a la vivienda más allá de la compra y el arrendamiento. La apuesta del PSOE pasa por establecer un parque público de vivienda, en el que el casero sea una empresa mixta, que se integre con aquellos con los que ya cuentan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ciudadanos planteó la cesión en uso como propuesta principal, pero también abogó por reforzar la vivienda en alquiler social. Por su parte, el PP habló de continuismo en las políticas de alquiler, en las cuales prevé seguir impulsando el alquiler en beneficio de las familias más desfavorecidas.

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